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Escoltas, sombras del olvido


"Hemos luchado contra ETA. Nos hemos jugado la vida por la libertad. Y nos han abandonado”. Ataviado con gabardina negra y pantalón oscuro a juego con un jersey de cuello vuelto, las palabras de Antonio suenan a derrota en mitad de un frontón de una localidad de la comarca Pamplona. Hace tiempo que este jienense de 48 años y padre de tres hijos -exescolta privado en Navarra - ha perdido la esperanza. “El Gobierno nos ha olvidado”, expresa con firmeza. “Prometieron recolocarnos y mintieron. ¿Qué podemos hacer ahora? Estamos al límite. Hay compañeros que se han pegado un tiro. Yo también he pensado en suicidarme”. (Se hace un silencio). “Y en unos meses se me termina el subsidio de desempleo de 426 euros. ¿Entonces qué? ¿Me embargarán?”. Antonio fue despedido en 2012 de la empresa de seguridad en la que trabajaba desde 2005. Entonces, cuenta, su vida quedó varada. “He echado el currículum en todos los lados: transportista, zona azul…”. Se le escapa una sonrisa frágil. “Pero nada de nada. Ni te llaman. No existes. ¿Quién quiere a un desempleado de más de 40 años?”, lamenta. “Nos hemos visto obligados a borrar del currículum nuestro pasado como escolta para poder trabajar en algo distinto. ¿Y cómo voy a eliminar de un plumazo doce años de vida laboral?”.

El 8 de enero de 2011, ETA anunció el alto al fuego permanente. Esto propició que el Gobierno vasco y el Ministerio del Interior rescindieran los contratos con las empresas de seguridad, amparando unos ERES de “dudosa legalidad en la mayoría de los casos”, por los que se despidió a la casi totalidad de los escoltas. Sólo se salvaron de la “quema” unos pocos dedicados a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Meses después del anuncio, el 23 de julio de 2011, tuvo lugar en el hotel Villa de Bilbao un acto en el que representantes políticos del Partido Popular hicieron una serie de promesas tales como la recolocación del colectivo en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios, “cosa que el gobierno utilizó como pretexto para llevar a cabo la privatización de dichos servicios”, revelan desde la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra.

Cinco años después del fin de la violencia, apenas quedan 135 escoltas en activo, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior. Menos del diez por ciento se ha recolocado en el sector de la seguridad privada. Su presencia en las prisiones, a pesar de las promesas, es “testimonial”. Por ello, la asociación reivindica la experiencia adquirida contra ETA para poder “atajar” la lacra de la violencia de género. Enero de 2016 fue uno de los eneros más negros, con ocho víctimas mortales. Sólo en uno de los últimos 14 años -en 2006 hubo nueve asesinadas- ha habido más muertes a manos de sus parejas o exparejas que en el comienzo de 2016.

DOS FECHAS CLAVE
Miedo. Mucho miedo. Hubo un periodo de más de veinte años, en pleno siglo XX, en el que el poder del terror ejercido por la banda terrorista ETA fue indescriptible. “Dos fechas desataron el pánico”, asegura César Charro Rodríguez, especialista en seguridad y autor de Una pistola y 25 balas. Ambas fechas determinaron el futuro de las contrataciones masivas de escoltas privados.

La primera, fue el secuestro y asesinato el 13 de julio de 1997 en Ermua del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco. La segunda, el atentado contra el magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, el 7 de noviembre de 2001, en Getxo. En aquel tiempo, uno de los métodos preferidos de la banda era colocar bombas en los bajos de los vehículos particulares de los policías. Bombas lapa que se activaban generalmente a través del movimiento.

Dado que era materialmente imposible disponer de tantos policías como requerían los servicios, detalla Charro, se cambió en tiempo récord la ley que regulaba la prestación de servicios de seguridad privada aprobada en 1992, y que impedía a las empresas proteger a los cargos públicos. Cargos del PSN y UPN, amenazados por ETA, eran reticentes a la protección personal. “Se negaban a romper con sus viejas tradiciones”, aclara. Sin embargo, a consecuencia del “torbellino” de atentados, el número de escoltas se duplicó. “Y se triplicó y cuadriplicó” al llegar la segunda fecha maldita: el 7 de noviembre de 2001.

Esa mañana, dos individuos encapuchados abrieron fuego a menos de un metro contra el magistrado Lidón. Un tercer componente les dio cobertura en la huida. Sus muertes fueron la gota que colmó el vaso. “De esta triste manera empezó a demostrarse la eficacia de los profesionales de la seguridad privada en la lucha contra el terrorismo”, dice el especialista. Una “guerra soterrada” en la que tomaron partido en la misma medida que el resto de policías. En 2011, se contabilizaron en el País Vasco y en Navarra 1.108 escoltas. Dos años antes, 2.850. Y en 2003, más de 3.800 escoltas. El número de empresas dedicadas a la protección personal se ha reducido de 95 en 2010 a las 69 en 2013 (último dato).

En este contexto, los guardaespaldas se mimetizaron con el entorno, convirtiéndose en sombras de sus protegidos. Los acompañaban en jornadas interminables. Se interpusieron entre las víctimas y los terroristas. Los políticos los llamaban “ángeles de la guardia”. Espaldas de políticos, jueces, periodistas... Nunca imaginaron que llegaría un día en el que todo cambiaría, y se transformarían en sombras de su propia sombra. Sombras olvidadas. Algún día -gracias a la hemeroteca- las nuevas generaciones conocerán la labor de unos hombres y mujeres, que hoy han dejado de ser noticia. Este es el rostro de un drama, de una “realidad incómoda”, reconocen los propios escoltas, de la que ya nadie habla.

DESPEDIDO
Cinco años después de que ETA anunciase el fin de la violencia, Antonio relata su historia apoyando los recuerdos sobre la barra de una cafetería de un barrio de Pamplona. Son las doce del mediodía. “Dos cafés, un pincho de jamón y un vaso de agua”, pide a la camarera. Es como si un tren de alta velocidad hubiera arrollado a este hombre de 48 años. Aparenta diez años más. “El agua es para la medicación contra la diabetes”, gesticula, mostrando una leve sonrisa. Acto seguido, se sienta al fondo del local. De espaldas a la puerta. “Un protegido nunca debe sentarse de esta manera”, observa, mientras mordisquea la corteza del pan y entrelaza los dedos de las manos bajo la mesa. De sus ojos se derrama un silencio elocuente. Su mirada es clara y segura. Pero contrasta con la fragilidad de una espalda encorvada.
Nadie diría que este ex legionario se haya interpuesto entre los terroristas de ETA y las víctimas. “Nos han llamado los ángeles de la guardia y las espaldas de los políticos, también diques humanos y garantes de la libertad. Y ahora ya nadie se acuerda de nosotros”. Antonio y su mujer -vigilante de seguridad- perdieron su empleo meses después del comunicado del fin del terrorismo. Un anuncio que defenestró a todo un colectivo y a sus familias.

En el mismo ERE en el que Antonio perdió el empleo en 2012, se fueron a la calle otros 39 compañeros. Sin perder el ánimo, espoleado por un ansia de vocación que le ha acompañado toda la vida, no se doblegó. “Tiré como pude”. Pero los años corrieron en su contra. Y la esperanza de ser recolocados como vigilantes de seguridad en los centros penitenciarios, tal y como “prometió” el Gobierno, se difuminó. Gracias a Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra, recuperó el pulso.


LA INCERTIDUMBRE DEL ATENTADO
Antonio ha pensado seriamente en regresar a su tierra. “No hemos vuelto por mi hija pequeña, que se ha criado aquí, y por la hipoteca. Además, soy joven y quiero seguir cotizando. Me gustaría volver a trabajar de guardaespaldas o en el ámbito de la seguridad privada. Es para lo que estoy preparado. Para eso me he jugado la vida”. Sus palabras de angustia rememoran los meses que permaneció cautivo en casa, sin atreverse a salir a la calle. En el umbral de la depresión, se aferró a un hilo de esperanza. “Denuncié mi caso, escribí a las instituciones y a los representantes del Gobierno”, cuenta. Ha escrito a presidentes de comunidades, a delegados y subdelegados del Gobierno, incluso al Rey. “Pero siempre recibía la misma respuesta: Que la culpa es de la empresa adjudicataria. Sientes tanta impotencia”.

Antonio y su mujer no pudieron contener la presión económica. Y al tsunami de la crisis se sumó la “mentira” del Gobierno. “Nadie te escucha. Le das demasiadas vueltas a la cabeza. No ves la salida. He luchado tanto… Te sientes impotente. Entras en un círculo. ¿Dónde vas con 48 años? Estás muy formado pero no te quiere nadie. Y tampoco puedes ser militar, por la edad. No se puede describir el sufrimiento que soporta la familia. Crees que la culpa es tuya. Y piensas en quitarte la vida”. El único ingreso que entra en casa proviene de un subsidio de desempleo de 426 euros. “Así que comemos gracias a lo que gana mi hijo”, reconoce. Pero el subsidio se le termina en cuatro meses. “Y como soy menor de 52 años creo que no tengo derecho a más prestaciones. ¿Entonces? Me embargarán y supongo que nos desahuciarán”.


'COMANDO URBASA'
Su rostro rejuvenece al evocar los días pasados como escolta. Al hablar, su espalda se ensambla adquiriendo la línea recta perdida. “Soy legionario y siempre me ha gustado el tema de la seguridad. He realizado cursos de todo tipo. He trabajado por todo el país. Estaba y estoy muy preparado”. Antonio recayó en Navarra en 2005. Su primera protegida era miembro del Partido Socialista. “Me dieron un arma y la dirección de su domicilio. Nada más. Y a trabajar”, ríe. “Las armas estaban obsoletas. Los inhibidores en los coches no funcionaban. Las pistolas pesaban como trabucos. Y sin chalecos antibalas. Mientras, las empresas de seguridad hacían caja a nuestra costa. Se nos utilizó. Nos convertimos en diques humanos”. (A los escoltas tampoco se les reconoció el ‘síndrome del Norte’, un trastorno psicológico relacionado con el terrorismo de ETA y que sufrieron las Fuerzas de Seguridad y el Ejército).

Antonio se convirtió en la sombra alargada de un político navarro amenazado por el ‘Comando Urbasa’. Disponible las 24 horas del día, su jornada comenzaba normalmente a las cinco de la madrugada. “Lo primero que hacía era mirar por la mirilla y comprobar el interior y el exterior del edificio. Subía y bajaba las escaleras”. Antes de arrancar el coche y recoger a su compañera y al protegido, revisaba los bajos y el interior del vehículo. “Procuraba dejarlo en la calle. Era lo más seguro. Lo más fácil para sorprender a un terrorista que manipula un vehículo”. Le sobreviene la imagen de un compañero herido al que colocaron una bomba lapa en su vehículo. No llegó a explotar.

“El pueblo donde vivía mi protegido era zona hostil. Al entrar, preparábamos la contravigilancia: revisábamos los alrededores y comprobábamos las tres posibles salidas de escape. Él era uno más. Cooperaba. Tuvimos suerte”, porque la colaboración no era lo habitual. “En ocasiones, los protegidos pedían a las empresas que se les cambiase la escolta porque no estaban de acuerdo con las normas de seguridad impuestas. Y lo peor de todo es que las empresas se doblegan y los cambiaban. He tenido compañeros a los que se les ha utilizado de niñeros y de taxistas”. ¿Lo peor de ser escolta? “La incertidumbre de sufrir un atentado”.


​2011, ALGO SE CUECE
El colectivo de escoltas sabía que “algo se cocía”. “Nos dimos cuenta enseguida de lo que estaba ocurriendo. De la noche a la mañana nos pidieron que dejáramos de proteger a los cargos del PSOE. Al principio lo hicieron de uno en uno y luego renunciaron en bloque”, relata. “Sabíamos que el Gobierno estaba negociando con ETA”. Al recordar esta fecha, le sobrevienen los rostros y las quejas “en cubierto” de algunos protegidos tras conocer que iban a perder la protección. “Hubo políticos que nos confesaron que sentían miedo. No comprendían por qué se retiraba la escolta a la gente amenazada. Recuerdo a una protegida del PP en Navarra que tuvo que renunciar y estaba muy asustada”. Sus ojos se abren como platos. “El proceso fue incomprensible”, insiste. “Y eso es lo que más entristece. Nos mintieron. Nos utilizaron, una vez más. Nos dijeron que no nos preocupáramos por nada. Te ves impotente. No hemos recibido apoyos de nadie”. Antonio da un sorbo final al café. “¡Pero si a los terroristas se les ha tratado mejor que a nosotros! Incluso se les ha facilitado un trabajo y una casa. Los políticos tenían que habernos ayudado. Nos prometieron prisiones. 800 puestos”.

La privatización de los servicios de vigilancia en el perímetro exterior de las prisiones no ha reportado una mejoría en su situación pese a las promesas que les hicieron el ministro, el responsable de Prisiones, Ángel Yuste, o el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Según los datos del Gobierno publicados en junio de 2015, un 19% (81 escoltas de los que perdieron su puesto en el País Vasco y Navarra) han sido recolocados en la vigilancia de los perímetros exteriores de los centros penitenciarios, una función que se ha otorgado a las empresas privadas de seguridad en sustitución de la Guardia Civil. El Gobierno admitió entonces que “no se estableció un compromiso específico” para recolocarles, “sino una declaración de intenciones de promover actuaciones encaminadas a facilitar su recolocación”

EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD
Tras el comunicado de la banda terrorista ETA, el Gobierno vasco y el Ministerio del Interior anunciaron a las empresas de seguridad la intención de reducir el número de escoltas. Este proceso afectó a un millar de policías y a unos 3.500 escoltas privados (1.100 en Navarra), según los datos entonces de la Asociación Española de Escoltas (Ases), que se quedaron en paro. Esta medida dejó de la noche a la mañana sin protección a cientos de cargos públicos y altos funcionarios. Y eso incluyó también a los jueces de la Audiencia Nacional, que se ocupaban de casos de narcotráfico, terrorismo y delitos económicos. “Es una barbaridad dejarnos sin escolta policial sin más avisos”, denunciaba un magistrado el año 2012 en el diario El País. “Somos personas conocidas y encima se ha dado mucha publicidad a la supresión de nuestra seguridad”.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, aseguraba que al amparo del terrorismo de ETA se “despilfarró” en escoltas. “Nadie analizaba de verdad quiénes estaba en situación de riesgo. Se le concedía escolta a todo el que pedía”.
Fue en 1999, siete años después de promulgarse la Ley de Seguridad Privada, cuando se autorizó a los escoltas privados a proteger cargos públicos. A partir de esa fecha se produjo un boom. Las empresas de seguridad surgieron de todas partes. “Se convirtió en un negocio”, indica Antonio. Las palabras caen a plomo sobre la mesa. “Los primeros años el nivel era muy bajo. Te daban una pistola, la dirección del protegido y ya estabas preparado. Poco a poco fue mejorando la situación, pero no mucho. Aun y todo los resultados están ahí. Hemos garantizado un cien por cien de efectividad a nuestros protegidos en la lucha contra ETA. Por eso, sería muy importante un reconocimiento al trabajo ejercido por los escoltas. Somos los grandes olvidados. Los grandes engañados”, dice, afligido. “Seríamos la solución, la única solución -subraya- para evitar las muertes por violencia de género. Pero como las mujeres no son políticos, no se hace nada por ellas”. Antonio ni parpadea. “Este es mi sueño. Volver a la seguridad protegiendo a víctimas de la violencia de género”.


2015, EL GOBIERNO RESPONDE
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró en abril de 2015 en pleno del Senado, cinco años después del cese de la violencia de ETA, que un total de 104 personas, que emplean a 135 escoltas privados, siguen teniendo escolta y que la derrota policial de la banda terrorista ha permitido liberar de esas funciones a 1.072 policías y guardias civiles.
Fernández Díaz ofreció estos datos al ser preguntado por el parlamentario socialista Antonio Julián Rodríguez, quien pidió al Ministerio del Interior que cumpliera sus compromisos con el colectivo de exescoltas y “no les deje en el olvido” porque hicieron mucho por “la vida y la libertad”. El parlamentario recordó que los escoltas privados fueron las “verdaderas espaldas” de concejales, periodistas, jueces, políticos y otros colectivos “poniendo en riesgo su vida” para protegerles. Según sus datos, actualmente hay 210 escoltas en activo y un 50% de ellos protege a personas maltratadas, una oportunidad de trabajo que podría ampliarse, en opinión del senador. Frente a ello, Rodríguez reveló que más de 4.000 siguen en paro o haciendo labores de vigilancia en supermercados o discotecas y, “los más afortunados”, en barcos en Somalia. Pese a esa labor importante que han llevado a cabo durante todo el tiempo en el que ETA ha estado activa, Interior les “ha dejado en la calle con una palmadita”, dijo el senador, quien afirmó que los escoltas están “muy decepcionados” con el Gobierno porque les prometió una solución, como participar en el plan de vigilancia perimetral de las cárceles, y no se la ha dado. No obstante, según su datos, de los 800 vigilantes que están realizando este trabajo, solo el 19% son antiguos escoltas.
Y en la descripción que hizo de la situación actual de los excoltas, Rodríguez evidenció una realidad: “Muchos han tenido que borrar de su currículum el trabajo realizado en el País Vasco. Se han visto obligados a ocultar su pasado, algunos han sido desahuciados y otros cobran la renta mínima de garantía”.



La protección de las víctimas de la violencia machista es la que más visos tiene de prosperar. El Gobierno vasco lleva más de una década dando este servicio. Actualmente hay 34 mujeres protegidas las 24 horas. Unos 1.500 policías nacionales están destinados a la vigilancia (no continua) de 53.000 víctimas y a la investigación de los casos de maltrato. La última estadística del 31 de octubre de 2015 cifra en 51.640 las mujeres que tienen seguimiento de la Policía, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales (en estas cifras no incluyen los casos que son responsabilidad de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra). El nivel de riesgo se establece en función de un protocolo aprobado en 2007 que se pone en marcha cada vez que una mujer denuncia una situación de maltrato.
“Nosotros, los escoltas, somos la solución a este problema que ya se ha llevado más vidas que ETA”, expresan con contundencia desde la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra, que cuenta con más de un centenar de asociados y surge de la iniciativa de dos escoltas privados que después de tres años en el paro deciden que ya es hora de dejar de “esperar sentados” y pasar a la acción.
Tras el anuncio del alto al fuego permanente de ETA, se rescindieron los contratos con las empresas de seguridad. “Se despidió a la casi totalidad de los escoltas que operábamos en el País Vasco y en Navarra. Sólo se salvaron de la quema unos pocos compañeros dedicados a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género”, precisan.

Fue en 2001 cuando el escolta privado empieza proteger en la comunidad vasca a las víctimas de género durante veinticuatro horas al día. Los escoltas se formaron en esta materia con cursos específicos. “Creemos necesario la implantación de este modelo a nivel nacional, ya que sabemos que los policías que desarrollan esta labor se encuentran desbordados y realizan un trabajo incompleto. Sería un logro para la sociedad atajar la lacra de la violencia de género”.

Dentro del plan integral contra la violencia de género del Gobierno vasco, en su primer plan de actuación en 2004, aumentó su presencia al frente de la protección de las mujeres maltratadas. En la última década son numerosas las declaraciones de asociaciones independientes que intentan atraer la atención de este trabajo, poniendo sobre la mesa soluciones más personalizadas contra el maltrato. “Pedimos una mayor implicación a las distintas instituciones recordando que nuestro colectivo puede ser una medida tanto efectiva como preventiva en la reducción de este tipo de violencia”, sostienen. Un proyecto que trabaja con la asociación Clara Campoamor desde 2004.

“Los partidos políticos nos piden una herramienta, crear una empresa. No vemos otra salida. No nos dejan ser autónomos. Estamos pillados. Además, con la edad que tenemos nos encontramos fuera del mercado. La mayoría somos mayores de 40 años. No podemos reciclarnos con 50 años”, lamentan. “La única alternativa que nos han ofrecido es la de trabajar en el perímetro exterior de las prisiones. Una farsa, califican. Ya que el Estado nos ha demostrado que nos ha engañado. Nos ofrecieron más de 800 puestos, pero sin obligar a las empresas de seguridad a contratar a escoltas privados”. Un diez por ciento trabajan en las cárceles. “En Pamplona hay dos compañeros”, detallan. “Eso sí, el Gobierno ha ayudado económicamente a las empresas amigas. Han sido estas empresas las que se han llevado todo el pastel. Y nosotros al paro. Hemos recogido a compañeros debajo del puente. Otros se han pegado un tiro o se han ahorcado. La situación de los escoltas es desesperante”.

La asociación de escoltas recalca su potencial contra la violencia de género. Lo que produciría en poco tiempo resultados positivos. “Un servicio nuestro es de 24 horas y el de la policía requiere al menos cuatro turnos y más dinero”, explican. “En el País Vasco hay más de cincuenta mujeres protegidas desde 2001 las 24 horas. ¿Por qué no se extiende esta propuesta, que se ha comprobado que funciona, por toda España? ¿Cuántas mujeres se han matado ya este año? Las patrullas de la policía sólo pueden realizar rondas por la zona. Y las pulseras contra los maltratadores suenan a los 200 metros. ¡Estas pulseras no sirven! ¡No sirven! No da tiempo a llegar y proteger a la persona amenazada”, denuncian. “Somos cien por ciento efectividad. Lo hemos demostrado contra ETA. Son tantas cosas. Hay soluciones. Somos la solución a este problema”, insisten. “Las policías no tienen medios para garantizar la seguridad de las mujeres”. En lo que va de año ya han muerto 13 mujeres. “Todo esto es un tema político”, evidencia. “No interesa derivar una partida presupuestaria para la seguridad de las mujeres. Todas las medidas establecidas hasta ahora están muy bien. Pero son insuficientes. Está demostrado que cuando más miedo sufre una mujer es en su casa. Y un perro les vendría muy bien, pero no es suficiente. En la calle el perro es muy limitado. Por ello es importante que se complementen las medidas de seguridad con la presencia de los escoltas. Hay que atajar ya esta lacra. Si fueran políticos seguro que se buscaba rápidamente una solución”.





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