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"Éramos policías en Honduras, tuvimos que huir porque nos amenazaron de muerte"


Morgue de San Pedro Sula (Honduras). 13 de mayo de 2019. Son las diez de la mañana. Dentro del edificio reposan en cámaras frigoríficas los cuerpos de diez jóvenes. Todos han sido asesinados esta misma noche por el crimen organizado de las maras (pandillas criminales). El jefe de los forenses, el doctor Matute, lamenta no poder atender al periodista de Diario de Navarra. “Demasiado trabajo”, se disculpa. Llegan dos ataúdes más, éstos cargados en la parte trasera de dos rancheras. Dos asesinatos más que se suman a los de la noche. Un familiar habla de lo ocurrido en la puerta. “Mi hermano se llamaba Josué. Lo ahorcaron. Vinieron a casa para avisarnos de que estaban matándolo. Yo mismo lo encontré... a las dos de la madrugada”, dice, entre susurros. “En este país uno no sabe si va a terminar el día vivo. La policía no nos protege. Y si denuncias, te matan. La policía está con ellos”. En menos de 48 horas, según una radio local, se han registrado 24 muertes violentas en todo el país. Una reportera de un periódico confirma los datos. “La violencia se ha recrudecido este mes de mayo”, asegura.

Pamplona, 2 de junio
Nueve de la mañana. Una pareja de expolicías de San Pedro Sula, que reside desde hace meses en Pamplona, accede a entrevistarse en una cafetería. La prudencia les obliga a hablar sin dar la cara. Sienten miedo por la familia que ha quedado en su país.
Francisco (44 años) y Esmeralda (32), así se presentan, explican que el crimen organizado les persigue por haber investigado la corrupción policial y política. Sencillamente, “nos depuraron porque no nos dejamos corromper”, asienten, pidiendo dos cafés bien calientes y unas palmeritas. “La gente debe conocer qué ocurre en Honduras. Los medios no informan de nuestro país y estamos a las puertas de una guerra civil. Nuestro gobierno es impuesto. Algo ficticio. Vivimos bajo un fraude electoral dirigido por Estados Unidos. Por eso el pueblo ha quemado su embajada. No soportamos más. Se están dando todos los indicios para un conflicto”, alertan.

Nacer y morir en Honduras
Cuando un periodista extranjero aterriza en Honduras y callejea de la mano de reporteros locales como los de Radio Progreso, emisora dirigida por el sacerdote jesuita y periodista Ismael Moreno (padre Melo), amenazado por denunciar las violaciones de los derechos humanos, comprende bien las causas que originan la migración forzosa.
No es fácil nacer y vivir en Honduras y más en concreto en San Pedro Sula. En 2018 esta ciudad fue declarada una de las más violentas del mundo. Aquí muere asesinada una persona al día. La Organización Mundial de la Salud califica como “pandemia” si hay más de diez asesinatos por cada 100.000 habitantes. Aquí, la tasa supera los 40 por cada 100.000. “La violencia no sólo se determina por los homicidios, sino por las extorsiones, los reclutamientos forzosos de bandas...”, afirmaba el 13 de mayo Roberto Herrera, comisionado nacional de los Derechos Humanos en el país. Una situación de inseguridad que obliga a desplazamientos forzados internos “que luego se tornan en migraciones forzadas”, añadía.

Vivir en una habitación
Antes de comenzar a hablar, Francisco y Esmeralda pellizcan una de las palmeritas. Cuentan que viajaron a España en 2017 por recomendación de una amiga norteamericana, primero a Barcelona y luego a Pamplona. Ella se adelantó tres meses.
Hace unas semanas aterrizaron en Navarra dos de sus cuatro hijos después de un viaje “interminable” en el que estuvieron a punto de retenerles en Costa Rica. Los cuatro viven hoy en Pamplona en dos habitaciones. A pesar de todo, reconocen sentirse felices. “Muy agradecidos por la acogida en esta comunidad”. A ella le ha costado un poco más adaptarse. “Lloraba por todo. Ahora estamos empezando de cero. Vamos a tener paciencia. Nos marchamos de nuestro país porque temíamos por nuestras vidas. Siempre teníamos que ir armados, con el dedo listo en el gatillo”.

Comando Cobras
Francisco era el número uno de la promoción en la academia de Policía. Graduado en Marketing, no había muchos policías con título universitario. Y la falta de oportunidades laborales le obligaron a presentarse. Entró en el Comando Cobras, brigada especializada en disturbios.
Gracias a su capacidad, ascendió. Se especializó en balística, investigación y desactivación de explosivos. Fue entrenado por la policía canadiense, israelí y el FBI, y durante doce años trabajó para la Fiscalía en balística y contra el crimen organizado. También formó parte de la unidad especial antimaras. Se convirtió en instructor. Entrenaba a los propios generales. Pero doce años después de su meteórica trayectoria, cuando la unidad en la que trabajaba resolvía casos, fue relegado a un puesto de administrativo. Y le expulsaron. ¿Qué ocurrió? “Investigábamos al Gobierno y a policías. Resolvíamos asesinatos y violaciones. Estábamos muy preparados. Y al Gobierno le entró miedo. Por eso nos despidieron a mí y a otros policías que como yo no nos dejábamos corromper”. Con el segundo café y más palmeritas sobre la mesa, Francisco revela que le ofrecieron mucho dinero para que coordinase un entramado de tráfico de armas. “Y lógicamente no lo permití”. Al trabajar en una unidad especializada, duplicaba el sueldo de un policía raso. Alrededor de 12.500 lempiras (unos 400 euros). “Lo justo para sobrevivir”, aclara. “Pero solo me concedieron el 20% de lo que me correspondía. Y con cuatro hijos y un sobrino al que mantener, tuvimos muchos problemas económicos”.

Los expolicías no trabajan
En 2016 el Gobierno hondureño emitía un decreto con el que pretendía limpiar la policía de corrupción, sigue explicando Francisco. “En realidad, lo que buscaba el gobierno era integrar en el cuerpo a jóvenes sin formación académica, para asegurarse que nadie investiga la corrupción y el crimen organizado”.
Por decreto también se prohibe que los expolicías puedan trabajar en algún cargo público. De manera que miles de ellos quedan a merced del dinero fácil del crimen organizado o de la migración forzosa. Francisco optó por la venta ambulante. Las maras no tardaron en exigirle el llamado “impuesto de guerra”. Debía pagar 300 lempiras (unos 10 euros) a la semana. “Y si no pagas te asesinan”.
Fuego cruzado
A partir de entonces, él y su familia quedaban en el fuego cruzado del impuesto de guerra y de los sicarios contratados por los oficiales víctimas de sus investigaciones. “Así que iba armado en todo momento, esperando a que te salga alguien...”, recuerda, con templanza. “Llega un momento en el que la violencia se normaliza”, sigue contando. Se normalizan los asesinatos, las violaciones a las niñas, las muertes de mujeres (una cada 16 horas), las amenazas, los asesinatos a periodistas (77 desde 2010), la corrupción, la extrema pobreza (nada menos que 4 de los 9 millones de habitantes).

En las calles de Honduras se respira miedo. Cada día huyen cientos de hondureños. La mayor parte son mujeres solas o con hijos. También migran jóvenes. Muchos de ellos escapan de las maras. “Si quieres dejar la mara no te queda otra opción que abandonar el país”, le contaba a este periódico en noviembre de 2018 un adolescente que atravesaba México hacia Tijuana.
Francisco también trabajó en la unidad especial antimaras. Descubrió que la policía y los pandilleros están conectados por el cordón umbilical de la extorsión. “Un policía raso apenas gana 6.000 lempiras (unos 200 euros) al mes, y las maras te pueden pagar 2.000 euros al mes. Ellos trafican con drogas y ganan mucho dinero. Este es el problema. Además, las maras forman a su gente en la policía. Y se arman mejor. Eso sí, en Honduras están prohibidas las armas rusas”.
La impunidad con la que estos grupos de jóvenes armados controlan las calles del país, obligaba a los miembros de la unidad antimara a trabajar minuciosamente reuniendo las pruebas necesarias. “Porque si no consigues atar bien las pruebas y el juez los deja sueltos, nos matan. Al declarar lo haces a cara descubierta y no te protegen si se les deja en libertad. Así que no tenemos escapatoria”. Por su trabajo como investigador judicial, el expolicía se ha visto involucrado en enfrentamientos armados. “Uno no camina bien por la calle. No puedes confiar en nadie...”.

Un sobre rojo en el coche
Un día de 2017, todo cambió. Les dejaron en la ventanilla del coche un sobre rojo. Dentro había una fotografía de la pareja partida por la mitad. “Era la señal. Iban a por nosotros”. Ese sobre rojo les hizo reaccionar. Los ojos de Esmeralda se llenan de lágrimas. La expolicía cuenta que se hizo policía en 2011. Su expareja le había abandonado. Tenía 20 años y dos bebés, de 3 y 1 año. “Trabajaba en un bar y había cursado el Bachillerato, así que estaba preparada para ser policía”. Tras unas pruebas físicas y un test psicológico, se formó siete meses en la academia. De 300 mujeres, aprobaron 45.
“Me veía trabajando en un pueblo. Pero como éramos pocos lo que teníamos el bachillerato, me ascendieron”. Al final ingresó en la Unidad de Delitos contra la Mujer y Menores. Como fui víctima de un intento de agresión sexual con 14 años, me apetecía estar cerca de las menores víctimas de abusos. Me sentía bien protegiéndolas, abrazándolas, escuchándolas. Me encontré tantas violaciones... Hicimos muchas detenciones. Hasta 2016, funcionamos bien. Pero con el decreto de la nueva policía todo cambió”. Ese verano, comprobó las listas de los nuevos agentes de la unidad, “y yo no estaba”, lamenta. “¿Por qué me formaron y gastaron tanto dinero? Me apartaron a un puesto de administrativa, cuando mi trabajo era otro. No te puedes imaginar el número de niñas que he abrazado temerosas de que volvieran a casa sus violadores”. Esmeralda prefiere cortar en este punto la conversación. Los recuerdos no le permiten continuar. Honduras es vida y muerte. Diario de Navarra ha viajado al país invisible para comprobarlo. “No se puede imaginar el número de niñas que he abrazado temerosas de que vuelvan a casa sus violadores”






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