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Honduras, el país invisible


Cuatro de la madrugada. Aeropuerto Internacional La Mesa de San Pedro Sula (Honduras). Los únicos pasajeros que deambulan somnolientos por la terminal acaban de desembarcar del vuelo directo procedente de Madrid. Entre la oscuridad, bajo el umbral de la puerta de salida, despunta la silueta de un hombre calado con un sombrero de ala. “Bienvenido al país invisible”, se presenta Ismael Moreno Coto, un periodista y sacerdote jesuita de 61 años amenazado de muerte por denunciar las violaciones contra los Derechos Humanos en su país.
Ismael Moreno, más conocido como padre Melo, dirige Radio Progreso desde 2006 en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. De 2001 a 2017 fueron asesinados 76 periodistas (25 de ellos entre 2014 y 2016). También encarna la cabeza del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), una organización que se opone a los grandes proyectos empresariales que amenazan los derechos de los indígenas y de los campesinos.
En silencio, entre los últimos coletazos de la noche, el padre Melo conduce desde el aeropuerto hasta El Progreso Yoro, la ciudad en la que nació y vive. Su gesto parece preocupado. Es consciente de que su vida y la de cualquier miembro de su equipo se mueven diariamente en el filo de la amenaza. Cualquiera puede ser el siguiente en caer en manos de un sicario. Porque no hay un solo día en el que los micrófonos de su emisora callen frente a la “corrupción” de un presidente llamado Juan Orlando Hernández, que fue reelegido en un proceso electoral “fraudulento” tal y como reconoció la Organización de Estados Americanos.En los últimos 25 años, el territorio hondureño se ha convertido en una plataforma de entrega y distribución de droga hacia EE.UU sobre la que las maras, las pandillas juveniles, funcionan de correas de transmisión del narcotráfico, fuertemente vinculadas a la policía y al ejército. En una ocasión, una oficial de la policía declaró que siete de cada diez agentes están vinculados a estas mafias y apuntaba también a fiscales, jueces y diputados en esta cadena del crimen. Todo ello arrastra un mar de fondo de extorsiones, sicarios, tráfico de armas, muerte y migración forzosa. El Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) se ha convertido en uno de los lugares más violentos del mundo. “En estos tres países se mata a más personas que en la mayoría de las zonas de conflicto del planeta”, recuerda en su último informe Amnistía Internacional. “El clima de violencia ha obligado a miles de personas a huir y la debilidad del sistema de justicia penal contribuye a un clima de impunidad”, advierte la organización. El informe también asegura que periodistas, ecologistas y personas LGBTI son los grupos más vulnerables.



En el 2009, con el golpe de estado en Honduras se culmina el proceso de deterioro de la situación política y social. “A partir de entonces, la institucionalidad avanza a la criminalidad”, explica Melo. “Vivimos bajo un régimen de democracia autoritaria, en el que se cumple un aparente ejercicio de libertades sustentado con la represión. El gobierno se apoya en la militarización, en la oligarquía nacional en connivencia con las empresas extractoras de minerales y el asistencialismo proselitista”.

En esta situación, ¿qué siente Melo? ¿Tiene miedo? Las preguntas flamean dentro del coche durante unos segundos. Amanece. “Ahora no creo que me maten”, responde con serenidad, aunque sus palabras no parecen del todo sinceras. “Antes de las balas hay un proceso de muerte civil y política para los opositores. Se nos invisibiliza”, responde.
Las personas que participan en actividades políticas en Honduras, particularmente miembros de la oposición, sufren asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, amenazas y violencia física. En marzo de 2016 fue asesinada Berta Cáceres, líder ecologista íntima amiga del sacerdote jesuita. “La sangre de Berta no puede regarse inútilmente, los que estamos a su alrededor tenemos que continuar y denunciar”, deja claro Melo en medios de comunicación internacionales. New York Times, por ejemplo, tituló sobre su vida: ‘El hombre que se enfrenta al gobierno de Honduras'.




En un país de apenas nueve millones de habitantes, en el que el 50% son jóvenes, la ruleta rusa de los asesinatos no presenta un resquicio de piedad. Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, en los últimos dos años se han registrado 1.522 muertes de entre 20 y 29 años. (78% hombres y 22% mujeres). Los organismos de derechos humanos responsabilizan a escuadrones de la muerte que operan con total impunidad y disponen de los medios para someter a los jóvenes sin que puedan evitar huir de la muerte. Un alto porcentaje de las víctimas han aparecido en bolsas. “Y esta violencia es un factor de expulsión clave para la migración forzosa”, afirma Amnistía Internacional. En este contexto, Melo y su equipo proporcionan esperanza a quienes han decidido quedarse en el país y plantar cara a la extrema violencia, a la pobreza y a la corrupción. Para ello, sus reporteros salen de casa muy temprano, teniendo muy claro que puede ser su último día. En esta plena dedicación a los demás, los periodistas de Radio Progreso acercan sus micrófonos a los campesinos y activistas que luchan contra las empresas mineras e hidroeléctricas, la mayoría canadienses, que expropian tierras y contaminan ríos; acompañan a las mujeres que sobreviven en los márgenes de los ríos en cabañas de zinc y entre ratas, al cuidado de sus nietos porque sus madres han huido en busca de futuro; los periodistas entrevistan a los jóvenes políticos encarcelados; localizan a personas desaparecidas en las caravanas migrantes; investigan y publican casos de corrupción; entran a hospitales públicos, lugares inhóspitos donde los pacientes pagan hasta las bolsas de suero...
Hasta mayo de 2019, Honduras ha registrado 1.200 muertes violentas. El año pasado, según cifras oficiales, fueron 3.682 (una tasa de 41,27 por cada 100.000). Esta es la crónica gráfica de un día cualquiera en el corazón de la vida y de la muerte en Honduras.


EXTREMA POBREZA
Vivir con 3 nietos en esta cabaña de zinc
Cada día cientos de ciudadanos de este país, principalmente mujeres solas o con hijos, se ven obligados a escapar de la violencia y de la pobreza “para no morir”. Huyen de la extrema pobreza y del crimen organizado. Marlén tiene 62 años y vive con tres de sus nietos en esta cabaña de planchas de zinc a los pies de cuatro edificios de viviendas de lujo, en la misma orilla del río que atraviesa San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entre ratas y mosquitos, a 40 grados, la alimentación que reciben los pequeños depende del número de botellas de plástico que la abuela logre meter en un saco en cada amanecer, y que luego malvenda por pocas lempiras que apenas dan para un cazo de frijoles y de arroz. Para conseguir el plástico deambula por las colonias más peligrosas, siempre expuesta al crimen organizado. Su hija abandonó el país en enero. Cuando se le hizo esta fotografía, en mayo, aún no había podido cruzar México. A estas chabolas de zinc las llaman “los bordos”. Solo en esta zona de San Pedro Sula, a la orilla del río Santa Ana Pedregal, se extiende una columna de pobreza extrema donde habitan ochenta mil personas. “Solo pido que Dios me dé paciencia”, susurra Marlén.



HOSPITALES PÚBLICOS
Sin medicinas
Entrar en un hospital público es darse de bruces con la realidad del país. En la ciudad de El Progreso, el único quirófano no funciona y las pocas medicinas se deben pagar: cada bolsa de suero 50 lempiras (1 dólar equivalen a 24 ) para adultos y 200 para bebés. No hay sábanas ni ventilación. Hace 40 grados. Muchos son ancianos. Llevan esperando días en las camas para ser atendidos. Faustino, de 48 años, espera con un fuerte dolor. Le dispararon. De las seis balas que impactaron en la columna, le extirparon cuatro. Quedó parapléjico. No tiene dinero para poder paliar el dolor. En otra habitación, José, 78 años, invidente, se ha roto el brazo y la pierna. Lleva 15 días sin recibir respuesta. Tránsito, 86 años, se ha roto la cadera y ha tenido que pedir prestado 13.000 lempiras para comprar una prótesis. Iris, de 48 años, padece desnutrición severa y neumonía. No consiguen frenar la infección porque no tienen dinero para antibióticos. Ana María tiene 87 años y entró con un corte en el pie. Ahora ha enfermado gravemente por la estancia. “Y cada día debemos comprar antibióticos por 200 lempiras”, lamenta su hija.

FEMINICIDIOS
A punto de morir asesinada
Dos mujeres corren y piden auxilio con sus hijos en brazos. Rostros desencajados. Tras la polvareda en la pista de tierra, la silueta de un hombre. Es el marido de Antonia, la mujer de 24 años de camiseta de tirantes amarilla. Aún en ‘shock’ dice que la quiere matar. “Hacerla picadillo con el machete”, añade su hermana, a su lado. No es la primera vez. Sus hijos permanecen vigilantes, pendientes de su padre, que se da la vuelta al descubrir al extranjero. La esperará en casa. Ningún vecino ha salido a defenderla. La violencia machista está arraigada en la intimidad. En 2018 murieron asesinadas 380 mujeres: una cada 23 horas. Y en 2019 se ha superado el centenar. El 96% de los casos no se investigan.

MINA DE ORO 
Exhumar
Debajo de las tumbas hay oro y por allí quiere pasar la concesión minera en la comunidad de Azacualpa. Pero la mayoría de los vecinos lo consideran un lugar sagrado. La minera se ha encargado de extender un clima de odio y confrontación. Exhumaciones a cambio de dinero. “Nos están comprando. Quien lo autoriza recibe 200 mil lempiras (7.230 euros). La situación es muy crítica. Algunos acceden y otros no”, explica Manuel Rodríguez, sentado sobre los nichos donde recientemente ha enterrado a un familiar. “La mina se ha adueñado de nuestros recursos naturales y de nuestros derechos, y ahora quieren apropiarse de nuestra cultura y espiritualidad. Antes estábamos unidos en el dolor. Teníamos un pedazo de tierra y vivíamos del café. Ahora en nuestras tierras se escuchan explosiones de dinamita. Desde la empresa dicen que garantizan educación y salud, cuando es el gobierno el que debe garantizar los derechos más básicos”. Hasta el momento se han exhumado en el mes de mayo 125 cadáveres de cerca de 1.000.
“¿Qué será de nosotros?”.
Devastación, migración forzosa
Desde lo alto, el cerro parece emanar charcos de sangre. Huele a polvo contaminado y se escuchan explosiones. Las comunidades de Copán llevan años denunciando la situación de este proyecto de minería a cielo abierto que devora las grandes colinas y contamina los ríos con cianuro, envenenando los cuerpos de los pobladores. La extracción de oro, plata y otros metales preciosos, que realiza la empresa de capital canadiense, Minerales de Occidente, S.A, MINOSA, se asentó en el cerro de la comunidad de Azacualpa en el año 2000, alterando la forma de vida. Muchos han huido, amenazados. “Y quienes se oponen al proyecto, mueren”, advierten los vecinos. “Por eso debemos dejar el país”.



CAMPESINOS
Morir por defender los ríos
Ocurrió hace 28 años. Un 3 de mayo, a las tres de la madrugada. Cinco campesinos murieron asesinados a balazos en el Astillero, aldea al norte de Honduras, por salvar sus casas, ríos y bosques de las empresas extranjeras. Aquella madrugada, los campesinos acudían a la montaña a trabajar. Se vieron sorprendidos por un grupo de militares que los esperaba bajo hojas de palma. Entre los fallecidos estaba Felipe Huete, un cristiano comprometido que antes de morir dejó escrito en su cuaderno: “La tierra es un don de Dios para compartir con amor”. Su comunidad los recordaba en mayo en un acto. “Fueron mártires, como lo fue Jesús de Nazaret”, rezaron. Hoy se sigue sufriendo a diario las amenazas de muerte por plantar cara a los empresarios mineros.
Por eso, para no olvidar el espíritu de sus mártires, han tallado en madera la imagen de Felipe Huete crucificado. Honduras es el país más peligroso para los defensores del medio ambiente. En la imagen, Amado, de 74 años, amigo de Felipe Huete


LGTBI 
26 asesinadas este año
“Me llamo Violeth, tengo 24 años y estudio periodismo en San Pedro Sula. Soy mujer trans y siento miedo. Cada día. Al poner un pie en la calle”. Desde 2009 han muerto asesinadas en Honduras  322 personas por su condición sexual: 26 este año, las dos últimas el primer fin de semana de junio. El 98% de los asesinatos no se han investigado. El estigma y la discriminación contra las personas LGTBI sigue muy presente en este país. “Y el Estado sigue sin garantizar su seguridad”, aseguran desde el Colectivo Unidad Color Rosa .En la imagen, detrás: Analia Paz (27), Ricardo Medina (37), Violeth Hernández (24), Milton Posadas (26) Julio Salvador (23). Delante, Sofía Carvajal (27 años).


PASO A PASO
Un oasis entre maras
En el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, el más peligroso de la ciudad, mueren asesinados una media de 20 jóvenes al mes. En este barrio también crece un almendro de río, un árbol muy respetado por las maras, las pandillas criminales juveniles. El árbol lo plantaron en marzo de 2002 los alumnos de un programa socioeducativo de la Iglesia católica llamado ‘Paso a Paso’, y su sombra ya cubre parte de un patio rodeado de muros ribeteados con concertinas y murales con emblemas de paz. También hay un huerto y aulas. El almendro nació el mismo día que el programa, con el objetivo de reforzar la esperanza de los menores de este barrio en situación de riesgo . ‘Paso a Paso’ es un lugar seguro para muchos niños y sus padres. Aquí aprenden a jugar en igualdad, a cocinar, a relajarse... Recuperan la salud y la autoestima. “Paso a Paso’ es intocable para las maras”, afirma una de las fundadoras. Los niños se sienten a salvo al entrar aquí, pero al salir todo cambia. Nathali, de 15 años, Gabriel (15), Maryuri (13), Sheilin (10) son 4 de los 200 menores que acuden a este oasis en el corazón de la violencia. “Tienes que mirar a todos los lados por si te vigilan. Cuando salimos, nos encerramos en casa”. A las madres no les queda opción. “Si denuncias te matan. Solo te queda mirar, oír y callar”.


ASESINATOS DIARIOS
El 96% no se investiga
Un ataúd de madera en la parte trasera de una ranchera frente a la morgue de San Pedro Sula. Dentro reposan los restos de uno de los diez jóvenes asesinados esta noche. Un alto porcentaje de las víctimas aparecen en sacos o bolsas de plástico, amarrados con sogas o envueltas en sábanas. El objetivo es infundir pánico. El 96% de asesinatos de estudiantes no se investigan. Ser joven hondureño es un altísimo factor de riesgo. Al menos 1.522 en formación media o universitaria han muerto asesinados entre 2010 y 2018. Ni la policía ni el gobierno ni las maras intentan detener esta guerra, lamentan organismos nacionales e internacionales. Y los hondureños se ven obligados a migrar






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